Para muchos la renuncia de Magdalena Matte a la secretaria de vivienda, cerraba una historia de desaciertos, errores y graves deficiencias en la gestión de una cartera de suma importancia para miles de chilenos, que ven con estupor como se manejan los recursos fiscales, cuando el proceso de reconstrucción debería ser la principal preocupación.

Lo que parecía un epílogo, ahora se nos revela como el comienzo de algo mayúsculo, y donde los afanes retóricos de transparencia, empalidecen.

El estudio del Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales de la Universidad de Chile, (pedido por la ministra Matte) donde se establece que de los $17 mil millones acordados entre el Serviu (organismo que ignoró el decreto 236, que establece procedimientos para el cálculo de sobrecostos) y la constructora Kodama, en realidad deberían ser $2 mil 800 millones, dejan perplejo a cualquiera.

Esto a pesar del pronunciamiento del Dictuc, la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica que dice:”Para la valorización de algunas partidas se utilizó la metodología que nos pareció más objetiva, pero evidentemente pueden surgir diferencias si se aplica una metodología diferente”.

Si a eso le sumamos el supuesto tráfico de influencias con un viaje pagado por Kodama a un alto funcionario del Serviu, que parece ser un eslabón más en una larga cadena de revelaciones, la gravedad del asunto podría aumentar.

Tanto la investigación judicial de la fiscalía norte como de la Contraloría, deberían arrojar luces además, acerca del rol del abogado Álvaro Baeza, asesor a honorarios de la ministra Matte., “El Dios” según el renunciado director RM del Serviu, Antonio Llompart, en La Tercera.

El descabezamiento del Serviu, no significa en fin de la historia, ni menos la extinción de responsabilidades que podrían moverse entre la negligencia y el delito.

“No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”

Una de las principales reivindicaciones de los chilenos en tiempos de dictadura, era recuperar la libertad de expresión y el derecho a la información.

La frase tiene un sentido profundo cuando se produce un quiebre tan brutal, como ocurrió con la destrucción de la democracia en nuestro país en septiembre de 1973. Quizás para las nuevas generaciones que no vivieron la experiencia, lo que decimos, no les hace mucho sentido, ya que hoy  gozamos de ciertas garantías.

Pero si examinamos la realidad vemos que las limitaciones son muy fuertes.

Veamos que dice el artículo 19 de la Declaración de los DD.HH. de Naciones Unidas: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La clase política está en deuda con los chilenos en esta materia y que debe ser saldada si es que queremos más democracia en los medios.
Basta con el caso de la televisión, donde la situación es vergonzosa, toda vez que en Estados Unidos y Europa ya se produjo el “apagón” de la televisión analógica y solamente impera la Televisión Digital Terrestre (TVDT).

La tecnología está disponible hace rato en el mercado, pero los intereses de los canales tradicionales han primado sobre los derechos de la ciudadanía.

El proyecto de ley que se tramita en el Congreso Nacional, de llegar a aprobarse, vulneraría gravemente los derechos de los chilenos.
Para muestra, un botón:

• El artículo 31A autorizará a los actuales operadores a cobrar por el 50 por ciento de su capacidad de transmisión. Este artículo contradice el uso consagrado para las bandas del UHF y del VHF del espectro radioeléctrico (patrimonio de todos los chilenos), que están pensadas para el desarrollo de señales abiertas de televisión. Para señales de pago existen los canales de cable y de satélite. No me parece admisible que además de comprar un nuevo aparato de televisión para poder acceder a esta tecnología, más encima tengamos que pagar por la oferta televisiva de TV abierta.

Los artículos II y III transitorio, permiten que algunos de los actuales operadores NO TENGAN QUE CONCURSAR para obtener una concesión digital. Sin embargo, este derecho no se hace extensivo a los canales regionales, locales ni comunitarios actualmente emitiendo y que son más de 100 en el país. Estos artículos transitorios atentan gravemente contra el derecho de igualdad ante la ley, en la medida que el proyecto da mayores facilidades a los operadores más fuertes y pone más barreras de entrada a los más débiles, profundizando así la desigualdad  dentro del sistema televisivo.

De esta manera, el proyecto en discusión daña directamente al usuaria/o al cobrar por algo que hasta ahora ha sido gratis y como ciudadano veo con espanto, que se otorguen beneficios a un grupo pequeño de personas, beneficios que no tendremos todos los chilenos.

Los políticos están en deuda con la ciudadanía, pues se supone que su aspiración de llegar al poder persigue fines nobles dentro de la democracia. Y no hay democracia plena, sin respeto a los derechos humanos y respetar los DDHH implica garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Pero hay más. El art. 27 de la carta de los DDHH dice:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

A la hora de legislar los parlamentarios deberían tener en cuenta a los ciudadanos que los eligieron más allá de los intereses de grupo. El respeto a la diversidad y la garantía de pluralismo medial es la base de una democracia fuerte y sana.

Los legisladores tienen la palabra y deberían reflexionar en torno a una frase que se le atribuye a Voltaire, abogado, pensador, filósofo, historiador y escritor francés:

“No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

Una polémica profunda se ha desatado por los efectos que tiene sobre la población el consumo excesivo de sal, azúcar y grasa. Las enfermedades más diversas se inscriben como consecuencia de una orientación alimenticia equivocada.

Aparte de la obesidad que se anota en el mundo infantil y juvenil como preocupante, los adultos son víctimas de enfermedades coronarias que matan.

La lista de dolencias ocasionadas por el exceso de sal, azúcar y grasa, es larga.

Entonces el problema de fondo es como nos ordenamos en cuanto sociedad organizada, para evitar las consecuencias nefastas que están documentadas por organismos responsables.

El estado (ejecutivo y congreso nacional), tienen la obligación de elaborar una política pública sanitaria que ocasione un cambio sustantivo. Esto es, más y mejor información a la población, complementado con el reforzamiento de los programas educativos. La rotulación de los productos y la regulación publicitaria, son medidas concretas para avanzar hacia una mejor condición sanitaria de los chilenos.

Es dable suponer que los fabricantes de productos alimenticios, se inscriben en el concepto de responsabilidad social empresarial y no pretenden perjudicar la salud de los habitantes.

Más allá de la renuncia de la Intendenta del Bío Bío y las explicaciones, justificaciones e interpretaciones, corresponde en una democracia de verdad, ir al fondo del problema.

Ella fue cuestionada por “mentirle a un grupo de ciudadanos y urdir un engaño al gobierno central”.
En concreto falta determinar si hubo delito en el accionar de la autoridad regional.

A juicio del abogado constitucionalista Jorge Ovalle, “existe con toda evidencia delito de malversación de fondos públicos y corresponderá a los acusadores y al Senado, determinar si este delito alcanzó el grado de tentativa, de delito frustrado o de delito consumado”. (Mercurio, Reportajes)

De no continuar adelante la acusación constitucional, cuestión más que probable, quedará flotando la interrogante en torno a la gestión de Jacqueline Van Rysselsberghe, en este capítulo.

Si la ex intendenta, lanzó casi de inmediato su candidatura a una senaduría por la región sureña, ella y sus partidarios deberían buscar la fórmula para despejar toda mínima duda a fin de transparentar su carrera a un sitial de privilegio en el poder legislativo.

Mientras tanto habría que suponer que la renuncia, despejará el camino para que la reconstrucción pos 27F, se pueda ejecutar con normalidad.

Al final de cuentas el invierno está a la vuelta de la esquina y los damnificados son seres humanos de carne y hueso. No está demás recordarlo.